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Transparencia Caribe - Veeduría Ciudadana


TRANSPARENCIA CARIBE VEEDURIA CIUDADANA se constituyó como una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro y organizada con fundamento en el artículo 270 de la Constitución Política y la ley de Veedurías Ciudadanas

TRANSPARENCIA CARIBE vigilará la gestión de todas las autoridades públicas sin excepción alguna, incluidas las gubernamentales, judiciales, electorales, legislativas, políticas; órganos de control y entidades privadas nacionales e internacionales que empleen recursos públicos o presten servicios públicos, incluyendo contratación estatal en todos sus niveles; políticas; proyectos; planes y programas en todo el territorio nacional, especialmente en los departamentos de la región caribe, la cual se realizará con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.

Será materia de especial importancia en la vigilancia ejercida por TRANSPARENCIA CARIBE la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, la contratación pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado.

TRANSPARENCIA CARIBE ejercerá vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos, para los cuales ejercerá las funciones acorde a sus objetivos y la legislación vigente, utilizando las herramientas que le otorga la ley para ello, entre ellas: elevar ante las autoridades competentes derechos de petición, ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley, intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley, denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de servicios públicos, utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para tal efecto, solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional establecido en el artículo 26, literal b) de la Ley 42 de 1993.

Por la correcta aplicación de los RECURSOS PÚBLICOS